Unnecessarily punitive -- Amnesty International calls for temporary visas to be granted to two wives of the Cuban Five
Jan. 17, 2007
Reprinted from Amnesty International In: www.freethefive.org
Amnesty International is once again urging the US authorities to stringently review its decision to deny temporary visas to the wives of two Cuban nationals serving long federal prison sentences in the USA, and, in the absence of reasonable and conclusive evidence for continuing for them to be withheld, to grant them temporary visitation visas so that they may visit their husbands in the US.
The men, Gerardo Hernández and René Gonzáles were convicted in 2001 of acting as unregistered agents of the Cuban government. Adriana Perez has not been permitted to visit her husband Gerardo Hernández since his arrest in 1998, while Olga Salanueva, wife of René Gonzáles, and their eight-year-old daughter, have not seen him since the eve of his trial in 2000.
Since 2002 the US government has denied the wives’ applications for temporary visas for different reasons relating to terrorism, espionage and issues of national security. Yet, neither woman has faced charges in connection with such claims, nor have their husbands been charged with, or convicted of terrorism.
Adriana Perez and Olga Salanueva have made representations to Amnesty International in which they deny being a security risk to the US, while their husbands are currently held in ‘general population’ within prison which suggests that they are not considered to present a security risk to the country.
Amnesty International is not in a position to judge the evidence on which the government has made the decision to deny the women temporary visas for visitation purposes. However the organization has repeatedly raised the issue with the US authorities since 2002 because it believes that denying the men visits from their wives (and in one case, also his child) is unnecessarily punitive and contrary to standards for humane treatment of prisoners and states’ obligations to protect family life.
The organization believes that this deprivation is particularly harsh given the length of the men’s sentences (René Gonzáles has been sentenced to 15 years’ imprisonment and Gerardo Hernández to life imprisonment) and the questions that have been raised about the fairness of the men’s convictions.
Background Information on challenges to the convictions of the Cuban Five
In May 2005, the UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) issued an opinion finding that the USA had failed to guarantee the Cuban Five a fair trial. The WGAD opinion was based on information provided by the prisoners’ families, and included concerns about the trial venue, use of classified evidence and the fact that the defendants were kept in solitary confinement for months before trial, making access to evidence and communication with their attorneys reportedly more difficult.
In August 2005, the convictions of all the Cuban Five were overturned by an appeals court and a retrial was ordered, on the ground that pervasive hostility toward pro-Castro Cubans in Miami (where the trial was held) was prejudicial to the accused. This decision was reversed on 9 August 2006 by the US Court of Appeals for the Eleventh Circuit on a finding that no such prejudice had been shown in the selection of the trial jury.
AI has not reached a conclusion on the fairness of the proceedings, many of which have still to be raised on direct appeal. However, it continues to seek further information on this issue.
Una medida punitiva innecesaria:
Amnistía Internacional Pide Que Eeuu Concedan Visados Temporales A Las Esposas De Dos De Los "Cinco Cubanos"
Amnistía Internacional insta una vez más a las autoridades estadounidenses a que revisen detenidamente su decisión de no conceder sendos visados temporales a las esposas de dos ciudadanos cubanos que cumplen largas penas de cárcel en Estados Unidos y, si no hay razones concluyentes para continuar negándoselos, les proporcionen los visados para que puedan ir a visitar a sus esposos.
Los dos hombres presos, Gerardo Hernández y René Gonzáles, fueron declarados culpables en 2001 de ser agentes no registrados del gobierno cubano. A la esposa del primero, Adriana Pérez, no se le ha permitido visitarlo desde que fue detenido, en 1998, mientras que la del segundo, Olga Salanueva, y la hija de ambos, de ocho años, no lo ven desde la víspera de su juicio, celebrado en 2000.
El gobierno estadounidense rechaza desde 2002 las solicitudes de visado temporal de ambas mujeres, aduciendo distintas razones relacionadas con terrorismo, espionaje y cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, ninguna de las dos ha sido acusada jamás de tales delitos, ni tampoco han sido sus esposos acusados ni declarados culpables de terrorismo.
Adriana Pérez y Olga Salanueva se han dirigido a Amnistía Internacional para explicar que no representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que sus esposos se encuentran recluidos junto con la "población general" de la prisión, lo que indica que no se considera que entrañen riesgo alguno para la seguridad del país.
Amnistía Internacional no está en condiciones de juzgar las razones del gobierno para tomar la decisión de negar a estas mujeres un visado temporal que les permita visitar a sus esposos. No obstante, la organización ha expuesto reiteradamente la cuestión a las autoridades estadounidenses desde 2002, pues considera que negar a estos hombres las visitas de sus esposas (y de su hija, en el caso de uno de ellos) es una medida punitiva innecesaria y contraria a las normas sobre el trato humano debido a los presos y a la obligación que tienen los Estados de proteger la vida familiar.
La organización cree que esta negativa es particularmente estricta dadas las largas condenas impuestas a ambos hombre (15 años a René Gonzáles y cadena perpetua a Gerardo Hernández), y dadas también las cuestiones que se han planteado sobre si las sentencias condenatorias se dictaron en un juicio con las debidas garantías.
Información complementaria sobre impugnaciones de las sentencias condenatorias de los "Cinco Cubanos"
En mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión en la que se determinaba que Estados Unidos no había garantizado a los "Cinco Cubanos" un juicio justo. La opinión estaba basada en información proporcionada por las familias de los presos, y se expresaba en ella preocupación por la jurisdicción donde se había celebrado el juicio, el uso en él de pruebas clasificadas y la reclusión de los acusados en régimen de aislamiento durante meses antes del juicio, lo que, según informes, había dificultado el acceso a las pruebas y la comunicación de los acusados con sus abogados.
En agosto de 2005, un tribunal de apelación anuló la sentencia condenatoria de los "Cinco Cubanos". Se ordenó entonces un nuevo juicio por considerarse que la hostilidad hacia los cubanos partidarios de Castro imperante en Miami (donde se había celebrado el juicio) había sido perjudicial para los acusados. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocó la decisión el 9 de agosto de 2006 por considerar que no había habido muestras de tal perjuicio en la selección del jurado.
Amnistía Internacional no ha llegado a ninguna conclusión sobre si se cumplieron las debidas garantías en los procedimientos, muchos de los cuales tienen todavía que verse en apelación directa. No obstante, la organización continúa reuniendo información sobre esta cuestión.
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